La historia de terror que viven varias familias desde el pasado fin de semana en la
ciudad Coatepec es una muestra más del estado de total indefensión en que viven
los ciudadanos del estado de Veracruz ante los abusos y arbitrariedades de
quienes tienen –pero no honran- la responsabilidad de brindar seguridad, certeza
jurídica y justicia.
Desde la noche del viernes 6 de agosto causó revuelo, expectativa y temor el
despliegue policiaco realizado en toda la zona conurbada de Xalapa, la cual
incluye a Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata y San Andrés Tlalnelhuayocan,
del que ninguna autoridad dio aviso a la población para que tomara las
precauciones correspondientes.
Para el sábado 7, se comenzó a difundir la desaparición de varias personas,
concretamente en Coatepec. Llamó la atención especialmente el caso del
ciudadano costarricense César Julián Herrera Víquez, cuyos familiares y amigos
hicieron una fuerte difusión en redes y medios de este hecho, que luego
acompañaron con una rueda de prensa en la que denunciaron que esta persona
fue sustraída ilegalmente de sus oficinas desde el mismo viernes por elementos
de la Fuerza Civil y policías ministeriales.
El suegro de Herrera Víquez, Andrés Cuevas Melo, afirmó que su yerno se
encontraba solo, trabajando en la oficina de su empresa de producción
audiovisual, cuando elementos de ambas corporaciones policiacas irrumpieron en
el edificio donde ésta se encuentra y detuvieron a dos presuntos delincuentes en
un departamento ubicado en la parte de abajo del inmueble.
Según Cuevas Melo, César Julián les avisó de lo que estaba sucediendo, hasta
que dejaron de tener comunicación con él. Solo supieron, por versiones de los
vecinos, que los policías se habían llevado a tres personas.
Junto con la desaparición de Herrera Víquez, se sumaron denuncias de varias
personas más cuyo paradero era desconocido, convirtiendo a las redes sociales
en un hervidero de llamados de apoyo y solidaridad. Al grado que la Comisión
Estatal de Búsqueda lanzó varias alertas por desaparición.
Así pasaron prácticamente 48 horas, hasta que tímidamente algunos de los
familiares comenzaron a confirmar tímidamente que habían “aparecido” con vida,
pero sin dar mayor información y pidiendo que se detuviera la campaña en redes
para dar con sus paraderos.
En el inter, desde envíos masivos de correo electrónico de un conocido
mercenario ex yunista, ex duartista y ahora “estrella” de la “4t” veracruzana, y a
través de Whatsapp se difundió un libelo en contra de César Julián Herrera
Víquez, acusándolo de “delitos federales” y dándole una connotación política al
asunto, ya que su suegro, Andrés Cuevas Melo, fue candidato a presidente
municipal de Coatepec por Movimiento Ciudadano en la pasada elección y el
hermano de éste, Abel, es un conocido político panista, ligado al grupo de Miguel
Ángel Yunes Linares. Lo cual, valga precisar, no es un delito.
Fue hasta pasadas las 4 de la tarde del domingo 8 de agosto que la Fiscalía
General del Estado dio a conocer en redes sociales que en el caso del ciudadano
costarricense César Julián Herrera Víquez “fue puesto este día a disposición de la
autoridad ministerial por elementos de la Fuerza Civil”, y que “respetando sus
derechos humanos y dentro del término constitucional, será determinada su
situación jurídica”.
Pasaron 48 horas desde su arresto y el de otras seis personas, tiempo en el que
estuvieron incomunicados, lo cual violentó sus derechos a contar con asesoría
jurídica desde el momento de la detención y a comunicarse inmediatamente con
un abogado o su familia, quebrantando así la propia autoridad lo dispuesto en el
artículo 20 Constitucional apartado B y en el numeral 152 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Además, en su publicación en redes sociales, la Fiscalía General del Estado
reveló el nombre completo de Herrera Víquez como presunto imputado. Y por si
no bastase toda esta cadena de gazapos, filtraron a medios y redes una fotografía
de todos los detenidos, posando frente a armas largas y sin cubrirles el rostro,
violando por completo la presunción de inocencia y el debido proceso.
Estos métodos remiten con aterradora cercanía a la época en la que Arturo
Bermúdez Zurita –hoy feliz e impune practicante de deportes extremos- tenía en
sus manos la seguridad pública en Veracruz, cuando al igual que ahora, se
secuestraba, se extorsionaba, se desaparecía, se asesinaba y se fabricaban
delitos y culpables de los mismos.
Quien esto escribe no sabe si los detenidos son o no delincuentes. Lo que es un
hecho es que gracias al terrorismo policiaco de la “4t” en el estado, si cometieron
delitos quedarán impunes, pues el cochinero de este fallido operativo obligará a
que los liberen. Y si son inocentes, de todas formas ya les jodieron la vida.
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